El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado esta tarde con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Regionalista, el concejal Marcelo Campos y Grupo Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular la nueva Ordenanza de Circulación del municipio que busca adaptar a las nuevas realidades y necesidades del municipio la normativa sobre circulación vigente desde 1994 y desarrollará lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La nueva ordenanza contempla, entre otras cuestiones, que sea el Ayuntamiento el que se encargue a partir de ahora de gestionar sus propias denuncias de tráfico -salvo aquellas que conlleven retirada de puntos o de documentación-, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora pues todas las denuncias se transmitían a la Dirección General de Tráfico que era quien se encarga de gestionar estos cobros. Con esta modificación, el municipio se adapta a la legislación estatal que recoge que municipios de las características de Camargo sean los que se encarguen de gestionar esas multas.

La alcaldesa, Esther Bolado, ha destacado que durante el periodo de treinta días que se abre ahora en el que el documento se someterá a exposición pública se estudiarán las sugerencias que se reciban para recoger aquellas que se puedan tener en cuenta. También ha explicado que las denuncias se tramitarán a través de un programa informático "similar al que tiene Tráfico" que permitirá el cobro de las multas con independencia del municipio en el que resida el conductor que sea denunciado y que estará vinculado con el departamento municipal de Recaudación, lo que permitirá al Consistorio gestionar el cobro de las multas.

El portavoz socialista, Carlos González, ha señalado que se trata de un trabajo "eminentemente técnico" de la Policía Local y ha indicado que todos los grupos han compartido bastantes consideraciones en la comisión del área por lo que durante la tramitación de la exposición se estudiarán las sugerencias, y ha animado también a que las juntas vecinales realicen sus aportaciones, mientras que el portavoz regionalista, Héctor Lavín, ha recordado que se trata de una medida que se toma ante la "necesidad de adecuación a la legislación vigente y no un acto de criminalización hacia nadie" ya que "se va a seguir manteniendo la misma actitud y talante", y el concejal Marcelo Campos también ha indicado que hay que esperar a las sugerencias que puedan recibirse en las dependencias municipales por parte de los vecinos.

La nueva Ordenanza aprobada de manera inicial recoge también las limitaciones con carácter general para la circulación de los camiones a partir de las 10 toneladas por el casco urbano, así como la relación de viales urbanos en los que se podrá aplicar esta medida, e incorpora la regulación existente sobre las zonas que pueden ser establecidas como carga y descarga y sus horarios, así como la regulación de los tramos en los que se podrá limitar la circulación a 20 y 30 kilómetros por hora, que serán aquellas vías en las que tal medida sea aconsejable por la necesidad de compatibilizar los usos del tráfico y los peatonales.

Mociones

Durante el Pleno también se ha aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista, Grupo Regionalista, el concejal Marcelo Campos y Grupo Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular una moción presentada por el PRC para instar al Ayuntamiento y a los vecinos de Camargo a que promuevan y participen en el conocimiento del lábaro, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el 14 de marzo por el Parlamento de Cantabria, y que promuevan su uso y difusión como expresión iconográfica de la identidad del pueblo cántabro, manteniendo el carácter oficial de la bandera de la Comunidad Autónoma y el resto de los símbolos institucionales de Cantabria.

También con los votos a favor del Grupo Socialista, Grupo Regionalista, el concejal Marcelo Campos y Grupo Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular ha salido adelante una moción de IU en la que se solicita que se abra una investigación desde los departamentos municipales acerca del logotipo de la 'C' que acabe en un informe que permita aclarar "quién tomó la decisión de contratar a una empresa para hacer el logotipo de la ‘C', cuándo se tomó la decisión" y si "pasó ese contrato por algún órgano de control". Según se recoge en la moción, en el anterior pleno el portavoz del PP Diego Movellán "informó de palabra de cómo había sido el proceso de contratación" de este símbolo y se señala que el exalcalde "dejó claro que él mismo había encargado un trabajo a una empresa" y que "dicha empresa regalo ese trabajo al Ayuntamiento", por lo que para IU este proceso parece "irregular, opaco, y genera muchas interrogantes". A este respecto la alcaldesa ha recordado que "a diferencia del lábaro que está consensuado" la ‘C' fue "impuesta" por el PP.

Igualmente salió adelante con los votos de los concejales del Equipo de Gobierno e IU y la abstención del PP una moción de Izquierda Unida por la que el Ayuntamiento manifiesta su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina, y muestra su solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a que garantice su protección y a obligar a Israel a cumplir con la legalidad internacional. Mediante esta moción se declara a Camargo ‘Espacio libre de aparthaid israelí'.

Además en la sesión plenaria ha sido desestimada con los votos del Equipo de Gobierno e IU la moción presentada por el Grupo Popular en la que se instaba a "retomar" el proceso para adjudicar la remodelación de las antiguas Escuelas de Igollo porque, como ha señalado el concejal de Obras Carlos González, se sigue trabajando en ello "desde el primer día" y en estos momentos se está a la espera de recibir una aclaración solicitada al Gobierno dado que el remanente que consta es de 105.000 euros en función del cual el pasado 15 de diciembre se firmó un acuerdo con Igollo por el que esta junta vecinal iba a destinar 80.000 euros, por lo que en el caso de que la aportación del ejecutivo regional fuera finalmente de 186.000 euros habría que volver a negociar con la pedanía.