Un total de 177 personas realizaron en 2014 trabajos en beneficio de la Comunidad en diferentes servicios municipales de Camargo a lo largo de un total de 42.674 horas.

Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad son una pena privativa de derechos que requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. La persona sometida a esta medida está obligada a invertir un determinado tiempo en el desarrollo de la tarea que se le ha asignado.

La Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria asume el pago de los seguros de accidentes, manutención y desplazamiento de los trabajadores mientras que el Ayuntamiento por su parte aporta los equipamientos y medios para el desempeño de la labor que se encomienda a cada trabajador.

Los trabajos tienen que ser proporcionales a la falta que se ha cometido y una de las características de este modo de cumplimiento es que se hace preciso  no dejar que transcurra demasiado tiempo entre la comisión de la falta y el trabajo. En Camargo, este periodo se ha reducido significativamente pasando de 21 días en 2013 a tan solo 8 en 2014.

En 2014 en Camargo,  161 hombres y 16 mujeres cumplieron las penas impuestas en su mayoría por infracciones de tráfico como el exceso de alcohol  o de velocidad al volante.

Esta cifra se ha incrementado notablemente desde 2013, año en el que 98 hombres y 10 mujeres realizaron en el municipio Trabajos en beneficio de la Comunidad. Estos datos confirman la tendencia creciente de los últimos cinco años ya que la cifra de penados que se incorporan a distintos servicios municipales ha ido en aumento paulatinamente desde 2010, año en el que realizaron trabajos en Beneficio de la Comunidad 37 personas.

Al crecimiento del último año  ha contribuido la entrada en vigor tras su aprobación en enero de 2014 de la  Ordenanza de Protección de los Bienes Públicos que contempla  esta fórmula de cumplimiento de penas para evitar por ejemplo que los padres de los menores infractores deban asumir el pago de las multas derivadas de las infracciones cometidas por los menores.

En el caso de las infracciones leves, las multas ascienden a 100 euros, cantidad que se impone por ejemplo a quienes consumen alcohol en la calle. La comisión de estas faltas de forma reiterada por algún menor puede derivar en daño económico a las familias que desde la entrada en vigor de la Ordenanza pueden cambiar estas  multas por la realización de horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

 En casos de menores es imprescindible el acuerdo tanto del propio menor como de los padres para la incorporación del infractor a este sistema que tiene como  objetivo principal que la persona asuma las consecuencias de sus actos, desarrolle un compromiso con la labor que se le encomienda y mejore la gestión de sus habilidades sociales.

Se busca especialmente en el caso de los menores de 18 evitar que al ser las sanciones administrativas asumidas por sus padres o tutores como responsables subsidiarios, los jóvenes desarrollen una visión de impunidad que les invite a convertirse en ciudadanos desconocedores de su responsabilidad civil frente a la sociedad.

La mayor parte de los penados en 2014 solicitaron realizar sus trabajos en el ámbito del movimiento asociativo, realizando labores 47 de ellos  en Clubes deportivos, 37 en el Servicio de Jardinería y 20 en limpieza viaria. El resto cumplió con su pena en colegios públicos, en el departamento de Obras, en el de Medio Ambiente  y en La Vidriera.

Un total de 33 hombres y cuatro mujeres abandonaron esta vía de cumplimiento de penas antes de finalizar el periodo determinado para su cumplimiento.

Camargo, Santander, Astillero y Guarnizo han sido los lugares de origen de la mayor parte de los penados que realizaron su labor en el Valle en 2014.